La libertad de expresión está estrechamente vinculada con el derecho de
estar informado de una manera responsable, con información real, clara y
completa. Esto con el objetivo de construir sociedades abiertas capaces de
involucrarse en el debate público y de esa manera tener una participación
política en la democracia.
Todo periodista tiene el derecho de ejercer esta garantía individual,
pero sin cruzar la delgada línea de la invasión a la intimidad o a la vida
privada de terceras personas. Siempre y cuando se realice respetando la
libertad de expresión de los demás.
Por ejemplo, un funcionario público quien es la persona que desempeña
un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres
Poderes. Y presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los principios
de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Tiene la
obligación de hacer pública su declaración patrimonial, se entiende que el
hecho de hacer público el costo de cada una de sus propiedades es documentación
privada, sin embargo, la entidad a la que presta sus servicios debe saber qué
propiedades tiene y cuál es el costo de dichas propiedades que compra con lo
que le paga el pueblo.
Entonces, si un periodista se ve en la tarea de investigar estos datos
que son de dominio público no estaría violentando la privacidad o intimidad de
alguien, siempre y cuando este sea un funcionario.
Como bien recordaran hace algunos meses, nuestro presidente Enrique
Peña Nieto y su familia se vieron envueltos en una situación muy pelicular, en
la que se descubría que ocupaban una casa valorada en 86 millones de pesos, de
la empresa Ingeniería Inmbiliaria del Centro, una filial del Grupo Higa,
propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
En poco tiempo, la noticia provocó intriga en todo México, los medios
de comunicación exigían una explicación a la cara adquisición de la familia
Peña. Así que días después de que se descubriera dicha residencia, la señora
esposa del presidente hizo público un video donde daba una explicación sobre
cómo adquirió la casa, la cual esta o estaba a su nombre (si es que no la ha
vendido ya). Con una actitud molesta y enfadada, argumentando que ella no tenía
ninguna obligación de hacer pública su declaración patrimonial porque no es
funcionaria pública, sin embargo, lo hacía para dejar en claro todo y que su
familia no fuera más tema de conversación entre los medios de comunicación.
Angélica Rivera es esposa del
presidente actual de México, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia ¿acaso eso no la hace funcionaria pública? Puesto que
ella tanto como su esposo, viven del dinero del pueblo. Pero la ex actriz, se
mostró indignada ante las acusaciones de los medio que le exigían rendición de
cuentas sobre dicha casa, entonces de mala manera “hizo pública documentación
privada sin tener ninguna obligación”.
Otro caso un tanto similar se suscitó hace poco con el jefe de gobierno
del distrito federal, Miguel Ángel Mancera, quien presento el pasado mes de
enero su declaración patrimonial sin montos.
Es decir, que en dicho documento se presentaba las propiedades, pero no
mencionaba cuanto le habían costado. También omitió sus vehículos y sus deudas.
Miguel Ángel argumentó que no mocionaba los costos de sus propiedades por temor
a su seguridad.
Pero es que el hecho de que un funcionario no diga las propiedades que tiene,
no solamente suena turbio sino que va en contra de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual reconoce
y regula el derecho individual al acceso a la información de las instituciones
y organismos del Estado.
Entonces ¿cómo una sociedad puede confiar en sus funcionarios públicos
cuando estos ocultan, manipulan o dan información de manera asimétrica?
Pocas veces un funcionario público revela cuánto gana y cuando lo hace
termina haciendo el ridículo o lo hace de mala gana, como si el pueblo
estuviera exigiéndole algo que no debería. Si una sociedad necesita estar bien
informada para ejercer ampliamente su libertad de expresión y poder tener una
participación política en la democracia, ¿Cómo lograrlo si el mismo gobierno
viola ese derecho?
1 comentario:
Muy buen comentario.
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